Una de las causas más perversas del sufrimiento de una Nación es la ignorancia. Donde las personas no alcanzan a leer o escribir con solvencia hay retraso y pobreza, donde la mayoría no termina los estudios obligatorios se desconocen los principios democráticos y donde esto ocurre los ciudadanos se ven impedidos del ejercicio cabal de sus derechos. Todas estas son consecuencias de la falta de buena educación y conducen a una comunidad a padecer, entre otros males, situaciones de violencia tanto por los abusos del poder de turno como por su propia conducta. Es que la falta de aprendizajes es caldo de cultivo para todo tipo de excesos autoritarios. Ante una sociedad que no reacciona por la defensa de sus derechos democráticos surgen los patoteros del poder y la calidad institucional desciende por un peligroso tobogán. El respeto a la ley no es un objetivo para quienes lo detentan: su fin justifica los medios. Y la ignorancia del ciudadano común contribuye al caos al no permitirle expresar sus anhelos y disconformidades conduciéndole, muchas veces, a resolver sus conflictos por la fuerza, sin tener en cuenta ni reclamar por sus garantías ni por el funcionamiento de las instituciones que no conoce ni entiende. Esta es, lamentablemente, la situación que vive hoy el país donde la falta de educación de calidad que permita el ejercicio pleno de la ciudadanía es causa del deterioro de la vida democrática y donde esa erosión es, a su vez, causa del incremento de la violencia.
Si a esta compleja realidad le sumamos acontecimientos extraordinarios de terror como la reciente muerte de un Fiscal de la Nación producto de un disparo en la cabeza el día previo a su declaración para explicar la acusación de un delito criminal a la más alta autoridad de la República y a su Ministro de Relaciones Exteriores, la gravedad de la situación se agiganta y obliga a una reflexión profunda por las implicancias institucionales que esta muerte y sus circunstancias suponen. La pregunta obligada a responder es ¿cómo debemos reaccionar como sociedad frente a este hecho nuevo de violencia extrema en nuestra historia? Y la respuesta amerita un repaso de conceptos y realidades.
En la esencia de los derechos democráticos está el derecho a la elección periódica de representantes para que se ocupen de gobernar la comunidad, dictar las leyes que correspondan y administrar justicia. La columna vertebral de la democracia son los límites y el correcto funcionamiento de sus instituciones. Justamente estas últimas, las organizaciones fundamentales del Estado, están para controlar a los funcionarios designados, verificar que no se excedan y que sean honestos, justos y eficientes. Y cuando los que ejercen el poder no cumplen sus tareas como corresponde, la misma democracia le otorga al pueblo la facultad de cambiarlos. Pues bien, en el contexto de la violencia antes descripto las instituciones deben liderar el restablecimiento del orden público bajo el imperio de la ley. Contra la peor de las violencias, los ciudadanos debemos levantar la voz por un reclamo infatigable por la paz democrática. Este es el camino. El del ejercicio de los deberes correspondientes exigiendo justicia y no permitiendo que nadie nos coarte lo que tanta sangre y dolor ha costado conseguir. A defectos de la democracia más democracia. Pero hay algo más que debemos hacer. Más democracia supone mejor educación. Nuestra Ley de Educación Nacional así lo estableció en su artículo 30 cuando fijó que “La Educación Secundaria tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía…”. Si precisamente más del cincuenta por ciento de los alumnos no logra terminar el secundario y más de la mitad de los adolescentes no comprenden lo que lee, esta finalidad de alcanzar “el ejercicio pleno de la ciudadanía” no se alcanza. Esta es una deuda interna con nuestra democracia de dimensiones mayúsculas. Por eso es que los ciudadanos debemos reclamar mejor educación para más democracia: en defensa propia, en legítima defensa de la Constitución y en defensa contra la violencia. Sin buena enseñanza y aprendizaje no habrá República posible. Y ya todos sabemos los males que ello supone Por eso la buena educación es prioridad: porque es el gran paso que nos permitirá atacar las falencias de nuestra democracia. En un año electoral y que ha comenzado con la conmoción de una muerte política violenta, hay algo más que hacer: votar educación es votar contra esa violencia y pedir mejor enseñanza y aprendizaje es una obligación en defensa del Estado de Derecho, y en defensa propia.
La frase “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo” , formulada por José Ortega y Gasset en Meditaciones del Quijote (1914), constituye uno de los núcleos más vitales del pensamiento filosófico en lengua española. Ya ha sido objeto de análisis en este Blog pero reflexiones posteriores me obligan a hacer esta actualización de mi cavilación. Su potencia es tal que amerita analizarse con el paso del tiempo y reside no solo en la afirmación del sujeto como ser situado —inseparable de su contexto vital—, sino en la exigencia ética contenida en esa segunda mitad: “si no la salvo a ella no me salvo yo”. La pregunta que queda pendiente a responder es: ¿Soy yo el mismo yo el que la ha "salvado" hace diez años atrás? ¿Aquella "salvación" es la misma que haría ahora? Estas inquietudes han dado origen a esta segunda profundización sobre la frase de Ortega. Lo explico a continuación. Tradicionalmente, se ha interpretado que...
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